Reconocer y valorar la diversidad es la base de una educación inclusiva, un tema del que antes se hablaba poco pero que, día tras día, ha venido tomando fuerza en las aulas de clase del país.
En 2013, la Ley Estatutaria 1618 del Ministerio de Salud, estableció “disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”. Luego, en 2017 y mediante el decreto 1421, se reglamentó “el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad”, con el que la Corte Constitucional le abrió la puerta a la necesidad de que Colombia pasara de una educación segregada, a otra en la que no son los estudiantes los que se deben adaptar a las formas de enseñanza, sino que las formas de enseñanza deben ir cada vez más acorde con la diferencia de los estudiantes.
Ya para 2022, y en sintonía con el interés del Gobierno Nacional y la sociedad civil de desarrollar y fortalecer la educación inclusiva en el país, el Ministerio de Educación emitió la Circular 020, con la que “reconoce la inclusión y la equidad como un proceso permanente, que valore y responda a las particularidades de los estudiantes con discapacidad en los establecimientos educativos oficiales y no oficiales de Educación Preescolar, Básica y Media”.
El interés porque cada vez sean más inclusivas las aulas es evidente, sin embargo, también lo es el hecho de que se requiere de un trabajo mancomunado.
Por este motivo, el Ministerio de Educación Nacional estableció la necesidad de crear la alianza Familia-Escuela, con la que, según dice esta entidad, se “favorezcan el trabajo colaborativo, la transformación cultural, el fortalecimiento de la comprensión del sentido de la educación para el desarrollo humano, la cohesión social y la equidad, para propender por la educación inclusiva en condiciones de equidad y calidad”.