19462
Los orígenes del derecho administrativo datan del Imperio Romano, cuando las primeras instituciones de poder político-público crearon la necesidad de establecer leyes y normas para que los gobiernos, al cumplirlas con cierta rigurosidad, permitieran que se regularan las relaciones entre la Administración y los ciudadanos comunes.
Sin embargo, fue con la Revolución Francesa que surgió el concepto jurídico de “derecho administrativo”. Debido a lo trascendental de esa época, las reglas de gobierno y el respeto a los derechos de las personas fueron de obligatorio cumplimiento, no solo para quienes gobernaban, sino también para los ciudadanos.
Al derecho administrativo se le entiende como “aquella parte del derecho público interno que determina la organización y comportamiento de la Administración, disciplinando sus relaciones jurídicas con el administrado”, según indica la Enciclopedia Jurídica.
Se trata de una rama del derecho público que, de un lado regula la actividad, organización y actuación de la Administración Pública; y de otro, su interacción con los ciudadanos.
Eso se traduce en que es un pilar esencial en todo Estado de Derecho, una respuesta tanto a las normas del derecho privado como del derecho público, que se aplican a la Administración para legislar su gestión de los servicios públicos, así como la relación que mantiene con los particulares.
La regulación del derecho administrativo le apunta tanto a la organización y la actividad de la Administración Pública, como a las relaciones entre los entes públicos y los particulares. De hecho, la labor de estos tipos de abogados es fundamental en la protección de los derechos de los ciudadanos frente a cualquier actuación o injerencia que se dé por parte de los poderes públicos.
En última instancia, el derecho administrativo tutela y garantiza los intereses generales de las personas y también la protección de sus derechos.
Otra de las tareas de esta rama del derecho es la de establecer los órganos e instituciones con las que actuará la Administración Pública, que van desde los servicios centrales hasta los organismos autónomos dependientes de otras instituciones, incluyendo las Administraciones locales, los Consejos de ministros o las empresas públicas.
El derecho administrativo se ocupa de limitar las potestades públicas y medios de actuación, dado que la mayoría de esas entidades tienen poderes mayores a los que poseen los particulares.
Desde la Constitución hasta los tratados internacionales, sin olvidar las leyes, orgánicas y ordinarias del Estado, así como los decretos-leyes y legislativos emitidos por el Gobierno, son fuentes que nutren al derecho administrativo para regular la actividad de las Administraciones. Sin embargo, también se basa en los principios generales del Derecho.
Lo que establece la doctrina es que el derecho administrativo debe regirse por el principio de legalidad, de manera que la Administración está obligada a respetar las leyes vigentes en todo momento, sin desviarse nunca de las mismas. Los principales encargados de asegurar su cumplimiento son los tribunales.
De otro lado, el derecho administrativo también se supedita al principio del interés general, que determina que cualquier actividad administrativa tiene como objetivo fundamental hacer prevalecer el bien común, al tiempo que prioriza el interés colectivo sobre los intereses individuales.
El principio de imparcialidad también debe aplicarse siempre, el cual obliga a la Administración a garantizar los derechos de todas las personas sin que se apliquen distinciones que lleven a situaciones de discriminación.
Sumado a esto, el derecho administrativo se subordina a los principios de economía y eficacia, que determinan que la Administración está obligada a tomar sus decisiones en el menor plazo posible y con la mayor agilidad, teniendo por seguro que los procedimientos administrativos establecidos sean fluidos, sin obstáculos formales que afecten su propósito y eficacia, o que le impidan a las personas acceder a los mismos.
En definitiva, el derecho administrativo es una rama amplia y en constante transformación, por lo que es fundamental mantenerse actualizado. Si quieres seguir avanzando en tu carrera profesional, puedes especializarte con alguna de las maestrías virtuales en Derecho de la Universidad Europea en Colombia, entre los que destacan programas de posgrado oficiales: